La alcaldesa de Alicante declarará el 19 de octubre como imputada en la trama Brugal

  • Se acusa a Sonia Castedo (PP) de delitos relacionados con el planeamiento urbanístico de la ciudad, una de las piezas separadas del caso Brugal.
  • En concreto, está imputada por revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.
  • El juez apunta a la "percepción y/o solicitud de dádivas" por parte de Castedo al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU".
  • "Nunca creí que me pudiera sentir satisfecha de estar imputada, pero en este caso así es", ha confesado la alcaldesa.
  • A FONDO: La 'wikilista negra' de alcaldes: los imputados por corrupción, los dimitidos y los que siguen.
Sonia Castedo (d) y el exalcalde del PP y predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi (i).
Sonia Castedo (d) y el exalcalde del PP y predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi (i).
EFE/Archivo/Morell
Sonia Castedo (d) y el exalcalde del PP y predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi (i).

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), declarará como imputada el próximo 19 de octubre ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por supuestos delitos relacionados con el planeamiento urbanístico de la ciudad, una de las piezas separadas del caso Brugal.

Castedo, que ha optado por no hacer declaraciones tras conocer la citación, figura como imputada por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho, según han informado fuentes del TSJCV.

Ese mismo día también declarará como imputado en este mismo caso el exalcalde del PP y predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por idénticos supuestos delitos.

El TSJCV investiga la rama del "caso Brugal" sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, después de la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal se declarara competente el pasado mes de septiembre para asumir esta causa, pues Castedo y Díaz Alperi tiene la condición de aforados por su condición de diputados autonómicos.

"Nunca creí que me pudiera sentir satisfecha de estar imputada, pero en este caso así es", ha confesado la alcaldesa y diputada autonómica del PP. "Es la única manera que tengo de defenderme y agradezco al TSJ que haya considerado mi escrito en el que solicitaba ser citada de forma urgente a declarar", ha dicho Castedo

Castedo ha añadido que la condición de imputada es "la garantía" de su derecho a defenderse. "A partir de este momento, todo lo que he dicho y explicado tendré la oportunidad de hacerlo de manera mucho más exhaustiva y ante el órgano competente".

Amaños en el PGOU

En esta pieza separada del caso Brugal, el juzgado de instrucción alicantino observó, antes de remitir la causa al TSJCV, supuestos amaños en el citado PGOU a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, uno de los imputados.

Según refleja la providencia del magistrado instructor, Juan Climent, se atiende el escrito elevado por la representación de Castedo en el que se solicitaba que ésta fuera llamada a declarar con carácter de urgencia.

Contra la presente resolución de citación cabe interponer recurso de reforma, según recuerda el magistrado, que ha citado a la alcaldesa de Alicante a las 10.00 horas del próximo 19 de octubre, y a Díaz Alperi dos horas más tarde.

En esta pieza separada del caso Brugal, el titular del juzgado de instrucción alicantino, Manrique Tejada, abrió diligencias previas contra otras 15 personas más, entre las que figuran el arquitecto del proyecto de revisión del plan, Jesús Quesada; el abogado y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo; varios empresarios y dos exdirectores generales adjuntos de Bancaja.

El instructor observó indicios de supuestos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.

En función de los indicios, Tejada entendía que el supuesto cohecho podría haberse producido como consecuencia de "la percepción y/o solicitud de dádivas" por parte de Castedo y Díaz Alperi al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU".

"Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular —Enrique Ortiz—, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado", añadió en su razonamiento el juez alicantino.

Castedo aseguró el pasado 5 de julio que demostrará que "las imputaciones son falsas" y lamentó su condena mediática en los últimos dos años por no haber podido declarar ante un juez y "dar la cara". "Ya he sido condenada -en referencia a su continua presencia en los medios de comunicación por estos hechos- y no hay mayor condena que la indefensión", afirmó Castedo.

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